En el marco de la alianza entre la Alcaldía de Ariguaní y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, avanza la construcción de 88 estufas ecoeficientes en zonas rurales del municipio. Actualmente, los trabajos se desarrollan en las veredas 80 Mil y Las Delicias, y se extenderán a Selandia, Terronal, El Estadio, Buenavista y Porvenir, beneficiando a las familias campesinas.

La iniciativa está orientada a mejorar las condiciones ambientales y de salud de estas comunidades, y tiene como objetivo promover el uso de fuentes alternativas de energía como estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático.

Estas estufas ecoeficientes están diseñadas para optimizar el uso de la leña, reducir su consumo y disminuir la emisión de humo al interior de las viviendas. Su implementación no solo representa un avance frente a los tradicionales fogones de tres piedras, sino que también aporta a la protección del medio ambiente, al reducir la presión sobre los recursos forestales, disminuir la deforestación y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

“Además de su contribución al medio ambiente, estas estufas permitirán reducir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oculares que afectan hoy en día a mujeres, niñas, niños y adultos mayores, quienes pasan más tiempo en estos espacios de cocción” aseguró Yolima Murillo Pereira, funcionaria de la Oficina de Planeación de CORPAMAG.

De manera complementaria, la iniciativa incluye la siembra de siete hectáreas de especies dendroenergéticas, que servirán como fuente sostenible de leña en el futuro, garantizando un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Asimismo, incorpora un componente de educación y sensibilización ambiental dirigido a los beneficiarios, enfocado en fomentar el uso eficiente de la leña y la adopción de prácticas más sostenibles y amigables con el entorno.

Los recursos para su ejecución provienen de la asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible del Sistema General de Regalías del municipio de Ariguaní, así como de aportes propios de CORPAMAG.

Se espera que la totalidad de las 88 estufas ecoeficientes sea entregada a mediados del mes de mayo, consolidando un proyecto que no solo mejora la calidad de vida de las comunidades rurales, sino que también aporta a la conservación de los ecosistemas y a la reducción de los impactos del cambio climático en el territorio.

En el marco de la Semana Santa, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, en articulación con la Diócesis de Santa Marta, adelanta la campaña “Nuestra fe cuida y protege la creación”, una estrategia que promueve prácticas sostenibles durante el Domingo de Ramos y previene el uso de la palma de cera.

Como parte de esta iniciativa, la Corporación realizará la entrega este 29 de marzo de más de 3.000 árboles de especies nativas y frutales a iglesias y parroquias del departamento del Magdalena, representativa de cinco ecosistemas estratégicos, fomentando alternativas responsables que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de la cultura ambiental en las comunidades.

“Esta campaña la desarrollamos teniendo en cuenta la presión que existe del uso de la palma de cera en el país, hogar de especies emblemáticas como el Loro Orejiamarillo y la Cotorra de Santa Marta, esta última endémica del territorio” Expreso Alfredo Martínez Gutiérrez, Director General de CORPAMAG

La Corporación llevará a cabo esta actividad en diferentes puntos del departamento: en el municipio de Ciénaga, en la Iglesia San Juan Bautista; en Fundación, en la parroquia San Rafael; en Pivijay, en la iglesia San Fernando; en Plato, en la parroquia San Francisco de Asís; y en Santa Bárbara de Pinto, en la parroquia Santa Bárbara.

En el Distrito de Santa Marta, la jornada se desarrollará en las siguientes iglesias y parroquias: San Jerónimo de Mamatoco; Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Manzanares; la Capilla de la Policía Nuestra Señora de Nazaret; Jesús de la Divina Misericordia, en el barrio El Cisne; San Judas Tadeo de Bastidas; San Vicente de Paúl, en el barrio 11 de Noviembre; La Eucaristía, en el sector Bavaria; la Catedral Basílica de Santa Marta; y la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Minca.

 “Corpamag, en su labor de cuidado por el medio ambiente, se acercó a la Diócesis y nos propuso trabajar en conjunto para preservar las especies que tradicionalmente se usan durante los Domingos de Ramos. A partir del diálogo con Corpamag, se estableció un número de parroquias donde se entregarán unos arbolitos forestales al inicio de las procesiones”, explicó Monseñor José Mario Bacci, Obispo de Santa Marta.

Asimismo, el prelado expresó que estas acciones por el cuidado del medio ambiente están en sintonía con el magisterio del Papa Francisco, quien en 2015 publicó la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. En ella aborda la espiritualidad ecológica, destacando que todo está interconectado: la naturaleza, el ser humano y su entorno. En este sentido, subrayó que, para la Iglesia, el cuidado de los recursos naturales se convierte en un verdadero compromiso de fe.

Las especies que serán entregadas durante estos encuentros son: cedro (Cedrela odorata), níspero (Manilkara zapota), mango (Mangifera indica), mamón (Melicoccus bijugatus), guayaba agria (Psidium friedrichsthalianum), guanábana (Annona muricata), caoba (Swietenia macrophylla), anón (Annona squamosa), algarrobo (Hymenaea courbaril), zapote cacho (Matisia cordata), roble rosado (Tabebuia rosea), cañaguate (Handroanthus chrysanthus) y palma de areca (Dypsis lutescens).

En ese contexto, esta acción busca reducir la presión sobre la palma de cera, especie protegida y de lento crecimiento, cuya extracción y comercialización están prohibidas en Colombia debido a su relación con el tráfico ilegal de flora silvestre y su importancia ecológica como hábitat de especies como el loro orejiamarillo en departamentos como el Quindío y Tolima y la cotorra de Santa Marta en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De manera complementaria, se adelantaron jornadas de sensibilización en las parroquias, acompañadas de mensajes durante las celebraciones litúrgicas, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y evitar el uso de especies provenientes del tráfico ilegal de flora.

Con esta articulación interinstitucional, CORPAMAG y la Diócesis de Santa Marta invitan a la ciudadanía a vivir una Semana Santa en armonía con la naturaleza, protegiendo especies como la palma de cera y promoviendo la siembra de árboles como un acto de fe y compromiso con el cuidado de la creación.

En cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa interinstitucional del 17 de marzo en el municipio de Salamina convocada por la Gobernación del Magdalena, y en atención a la declaratoria de calamidad pública adoptada mediante el Decreto 01 de 2026 por el municipio, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG– expidió  la Resolución No. 0795 del 19 de marzo de 2026, mediante la cual autoriza de forma excepcional, transitoria y estrictamente condicionada, el uso del área ubicada en el sector conocido como kilómetro 3.5, en la vía Salamina–Guaimaro, exclusivamente para el embarque y desembarque en el cruce fluvial.

Es importante precisar que esta habilitación constituye un régimen de excepción de carácter humanitario que no legaliza la operación fluvial que no cuenta actualmente con permisos o licencia ambiental, ni implica el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante las Resoluciones 3400 del 22 de agosto de 2025 y 075 de 2026, las cuales permanecen vigentes.

Esta decisión se adopta luego de la suspensión preventiva de la operación de los ferrys en el municipio, motivada por la ausencia de permisos o licencia ambiental de ocupación de cauce o afectación del ambiente por la operación de las empresas Transdier S.A.S. y Flutecar E.A.T en una zona critica de alta vulnerabilidad a la erosión fluvial. Dicha operación ilegal representa un riesgo técnico para la estabilidad de las obras de protección contra inundaciones y erosión construidas por el Gobierno Nacional, a través de INVIAS y la UNGRD, en la citada cabecera municipal.

En cuanto a las restricciones, la resolución 0795 de 2026 ratifica la prohibición absoluta del transporte pesado y de cualquier actividad distinta a las autorizadas. En consecuencia, no se permite el ingreso, tránsito, embarque o estacionamiento de volquetas, vacías o cargadas con materiales de cantera, subbase o similares, así como de tractocamiones, camiones de carga comercial pesada ni maquinaria amarilla o agrícola. De igual forma, se restringe cualquier actividad logística, industrial o comercial asociada a la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que exceda el marco de la subsistencia humana.

En relación con la protección de orillas y el control de la erosión, se exige la implementación de reforzamientos temporales en la zona de atraque mediante sacos u otros elementos, con el fin de evitar la socavación del terreno. Asimismo, se establece una restricción obligatoria de velocidad durante las maniobras de aproximación para reducir el oleaje que impacta los taludes.

Frente al manejo de residuos y vertimientos, se prohíbe de manera estricta cualquier descarga de aguas de sentina, aceites, combustibles o residuos sanitarios al río Magdalena. Para ello, los operadores deberán contar con contratos vigentes con empresas especializadas para su recolección y disposición final en tierra, además de instalar puntos ecológicos en las zonas de embarque y en las embarcaciones.

En materia de prevención de derrames de hidrocarburos, será obligatorio disponer de kits de atención de emergencias y contar con certificaciones actualizadas del estado mecánico de los motores, como medida preventiva frente a posibles fugas.

Finalmente, en lo relacionado con la calidad del aire y las condiciones de la vía, se deberá realizar el humectación periódica de la vía de acceso no pavimentada para mitigar la emisión de material particulado, así como implementar señalización ambiental en el área de influencia.

Estas determinaciones obedecen a la necesidad inmediata de proteger el río Magdalena como bien de uso público y a evitar cargas adicionales que puedan intensificar los procesos de erosión o comprometer la estabilidad del terreno y de las obras de mitigación existentes.

En cuanto a la vigencia, la autorización tiene una duración estimada entre seis y nueve meses. Durante este periodo, los titulares de las actividades en ferrys deberán presentar los estudios técnicos, hidráulicos y definitivos requeridos dentro del trámite ordinario de permisos de ocupación de cauce o licenciamiento ambiental, conforme a la normatividad vigente. En ese sentido, corresponderá a las empresas definir el tipo de infraestructura adecuada para la actividad fluvial y ajustar los instrumentos de control ambiental pertinentes.

La Corporación advierte que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones dará lugar a la suspensión inmediata de la autorización transitoria y a la reactivación plena de las medidas preventivas previamente impuestas.

En sesión ordinaria de la Asamblea Corporativa de CORPAMAG, realizada hoy 20 de marzo en la sede principal de la entidad, los alcaldes del departamento del Magdalena eligieron a sus cuatro delegados ante el Consejo Directivo de esta autoridad ambiental para la vigencia 2026.

La jornada contó con la participación de 13 mandatarios municipales y 4 delegados, quienes mediante votación definieron que Juan Pablo Vargas Arias, alcalde del municipio de Algarrobo; José David Escorcia Pérez, alcalde de Remolino; Alberto Escobar Mora, alcalde de Chivolo; y José Luis Méndez, alcalde del municipio de San Zenón, integrarán el Consejo Directivo en representación de las subregiones Norte, Río, Centro y Sur del departamento.

De igual forma, y por decisión unánime, fue designada como Revisor Fiscal la firma R&R Consultorías S.A.S., en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993.

El director general de CORPAMAG, Alfredo Martínez Gutiérrez, dio la bienvenida a los nuevos integrantes y reiteró su disposición de trabajar de manera articulada en beneficio del territorio. En ese sentido, destacó que el principal reto para 2026 será fortalecer la educación ambiental y consolidar procesos sostenibles que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y económicas del departamento.

“Este ha sido un ejercicio participativo que nos permite construir equipo con los alcaldes elegidos y avanzar conjuntamente en iniciativas que impacten positivamente a nuestras comunidades”, señaló el directivo.

Por su parte, los representantes elegidos agradecieron la confianza depositada por sus homólogos y expresaron su compromiso de liderar una agenda conjunta orientada a la formulación y gestión de proyectos ambientales en beneficio de las subregiones que representan.

“Estoy asumiendo por segunda vez este reto con toda la disposición de trabajar de la mano con cada uno de los miembros de CORPAMAG para sacar adelante los proyectos e iniciativas previstos para esta anualidad”, aseguró José Luis Méndez, alcalde del municipio de San Zenón.

El proceso de elección contó con el acompañamiento de la Procuraduría Regional, quien ejerció vigilancia preventiva para garantizar la transparencia y legalidad de este importante ejercicio democrático.

Durante la jornada, también se presentó a los Alcaldes el informe de gestión de CORPAMAG correspondiente a la vigencia 2025, en el marco del Plan de Acción Institucional liderado por el Director General. Asimismo, se socializó el informe de la Revisoría Fiscal y los estados financieros de la entidad.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, llevó a cabo un operativo contra la minería ilegal en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de la Zona Bananera y Ciénaga.

Durante la diligencia, las autoridades desmantelaron un complejo de extracción ilícita de oro a cielo abierto, de tipo aluvial, que operaba mediante un sistema altamente mecanizado, empleando maquinaria pesada tipo retroexcavadoras sobre orugas, estructuras modulares para la clasificación de material y equipos industriales de bombeo para la captación ilegal de agua.  Este funcionaba sin título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y sin licencia ambiental otorgada por CORPAMAG, lo que constituye una grave infracción a la normatividad vigente.

El accionar de esta infraestructura minera causò un grave daño a los recursos naturales del sector, evidenciándose un nivel crítico de degradación ambiental, en un área de intervención directa de aproximadamente 5 hectáreas. El equipo técnico de CORPAMAG identificó el arrasamiento total de la cobertura vegetal nativa (bosques riparios), la alteración severa de los suelos a través de profundas excavaciones y zanjas, y una afectación directa a la dinámica hídrica de la zona. Los cuerpos de agua sufrieron vertimientos continuos de lodos y sedimentos, a lo que se suma el inminente riesgo de contaminación química por combustibles que caen directamente sobre el suelo.

“Esta ha sido el área de actividad minera más grande encontrada en el departamento del Magdalena. La Corporación impondrá una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades en el área intervenida”, aseguró Gustavo Valdés Pertuz,  Subdirector de Gestión Ambiental de CORPAMAG.

Es importante señalar que la  práctica de estas actividades ilegales conlleva implicaciones penales contempladas en la Ley 599 de 2000, entre las que se encuentran el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los daños en los recursos naturales y el ecocidio, entre otros delitos.

Instamos a la opinión pública a denunciar de manera oportuna ante las autoridades competentes (CORPAMAG, Policía Nacional, Ejército Nacional o Fiscalía) cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso de maquinaria pesada a zonas rurales, la tala indiscriminada o la contaminación inusual de nuestros ríos. Combatir este flagelo y detener la degradación de nuestros ecosistemas es un deber compartido que requiere el apoyo activo de todos los ciudadanos.